El dilema de modernizar algo antiguo

Cuando un sistema es obsoleto su transformación debe ser total, a fin de adecuarlo a las exigencias del presente, procurando no dejar pendientes de solución aquellos aspectos que históricamente han venido formando parte de las expectativas nacionales. Y en este punto el dilema se expresa en dos importantes cuestiones: ¿Está preparada la mentalidad de los actores sociales para adaptarse a nuevas maneras de gestión política? ¿En qué grado afectaría una reforma total del sistema, en el sentido de su modernización, a aquellos sectores tradicionalmente acomodados a un status quo excluyente de la satisfacción de necesidades primarias o de oportunidades de desarrollo de amplias mayorías?

Las respuestas son conocidas: la mentalidad de las mayorías generalmente está preparada. Los sectores acomodados suelen ver en el cambio una posible pérdida de competitividad. Es entonces cuando se pone a prueba la decisión de continuar reproduciendo el estancamiento, la mediocridad y la obsolescencia o de cortar las amarras y navegar con la gente hacia un progreso tangible.

Es por eso que ante cualquier emprendimiento de reformas, los aspectos más importantes son la voluntad política para llevarlas a su fin con efectividad, y acometerlas no como ”parches” aislados, sino con la conciencia de transformar la estructura misma que define a cualquier sistema organizacional, sea éste una empresa o el conjunto jurídico-institucional de un Estado.

De ahí que al enfrentar ese desafío debe atenderse al hecho de que se trata de un proceso que afectará a determinados elementos de la estructura de un sistema, y que, al concluir, estaremos en presencia de un sistema renovado, nuevo o modernizado, como prefiera llamársele finalmente al cambio resultante.

Si el objeto de la transformación tiene un impacto nacional, afectando las antiguas reglas del quehacer socioeconómico y político, y teniendo en cuenta de que se parte de un levantamiento de necesidades y de su correspondiente diagnóstico, se requiere la realización de un foro popular que permita un espacio de participación real a la sociedad civil y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Este ejercicio democrático, con transparencia y con exclusión de todo acto de clientelismo político, crea condiciones muy favorables para el cambio hacia la modernidad y refleja la superación de esquemas mentales obsoletos del ejercicio del poder.

El momento de una reforma constitucional ofrece la oportunidad de realizar una reforma integral y sistémica, permitiendo rediseñar las reglas de convivencia jurídico políticas y los nuevos derroteros del desarrollo nacional de cualquier país. Al ser acometida esa reforma constitucional con un espíritu participativo, transparente y liberado del clientelismo partidario, el mensaje democrático sería ejemplar.
Es al mismo tiempo una oportunidad para plasmar constitucionalmente la prohibición del financiamiento estatal a los partidos o a los movimientos políticos, por ser esa antigua práctica un obstáculo al desarrollo. Y es también una oportunidad para entronizar lo que propicia el bien común, los retos del milenio de la ONU y para desechar todo lo accesorio, todo aquello que impida materializar la conocida frase de José Enrique Rodó: Renovarse es vivir.