Mi gobierno simpático (I)

Mi gobierno simpático


Finalizaba el año 2006 cuando me contrataron como consultor privado para el diseño de la reorganización del Estado en un país caribeño de habla hispana. Disponía de cuarenta y cinco días para presentar y argumentar ante un selecto comité de ancianos sabios mi informe preliminar, el cual, una vez refinado y aprobado por éste, sería presentado al foro público de la sociedad civil para sus reajustes finales y aceptación ciudadana.


Por suerte, el comité de ancianos expresaba una sincera voluntad política de acometer un reordenamiento profundo del Estado, con vistas a crear las bases para el desarrollo sostenible de la nación en la perspectiva de los próximos cien años. Era algo inédito en la historia contemporánea y reflejaba el altruismo genuino de los individuos superiores. Eso significaba que me habían conferido un voto de confianza y que disponía de licencia total para expresar mi visión acerca del “mejor de los mundos posibles”.

El contexto sociopolítico y económico de nuestro continente, punto de referencia para desarrollar mi consultoría, es sobradamente conocido: inequidad asombrosa de los ingresos, polarizando la riqueza y la pobreza en extremos insostenibles. Escasa o casi nula inversión social más allá de lo simbólico-político en periodos pre electorales, corrupción y clientelismo, así como inconsistencia de políticas públicas dirigidas a encauzar un desarrollo sostenible que empiece por el individuo, hombre o mujer, cuya existencia es efímera en términos temporales y por tanto aspira a materializar sus necesidades básicas en el breve espacio en que transita por el reino de este mundo.

Entre los múltiples tópicos por donde pudiera abordarse una propuesta me preguntaba constantemente: ¿Por dónde empezar? ¿Por qué no comenzar por eliminar las fuentes “remunerativas” de la corrupción político-administrativa? Y de ese modo construí mi hipótesis planteando que si el financiamiento estatal a los partidos y organizaciones políticas se asume como el eje que estimula el accionar del clientelismo y su consecuencia, la corrupción, resulta lógico empezar la reorganización por este aspecto crucial.

Otras preguntas asociadas al problema son: ¿Cómo se producirían las dinámicas políticas sin el financiamiento estatal a los partidos? ¿Serían éstos atractivos cuando la militancia se vea obligada a cotizar mensualmente, de su bolsillo, para financiar la existencia de los mismos? ¿Y si además la ley prohibiera a los empresarios hacer contribuciones en metálico o en especie a los partidos?

Fue así que, en mi gobierno imaginario de cuarenta y cinco días la primera recomendación fue eliminar del presupuesto anual del Estado el subsidio a partidos y movimientos políticos; prohibir que el sector privado contribuya en modo alguno al sustento financiero de los partidos y, por último, plasmar en la constitución que el eje de la vida nacional sea la inversión productiva, el empleo, el comercio, y no la sistemática actuación política.

El impacto económico de estas medidas era evidente: el Estado no se vería impulsado a estrangular a la gente con impuestos irracionales para pagar clientes políticos y, al mismo tiempo, las partidas presupuestarias que antes se tragaban los políticos ahora se destinarán a la educación, la salud, al fomento del micro crédito comunitario para que sus habitantes creen la infraestructura básica en sus respectivas localidades.

Asimismo, el concepto de responsabilidad social corporativa, por ley, estaría enfocado en las inversiones productivas, fomentadoras de empleos reales y en la creación de infraestructuras locales, dejando atrás el simbolismo gestual de donativos ocasionales.

En países de economía abierta, dependientes de las importaciones, el beneficio sería igualmente tangible, pues los aranceles se reducirían a niveles mínimos razonables, a fin de evitar procesos inflacionarios que perjudican a los sectores de menores ingresos.

No era un enfoque populista de “darle al pueblo” para garantizar apoyo político (otra forma de clientelismo), sino el de un nuevo pacto social en el que el Estado dejaba de ser asistencialista y proveedor. Se rescataba así su función de entidad reguladora de la convivencia ciudadana, además de creadora del marco jurídico - económico que incentiva la creación de riqueza y procura la equidad de su distribución.
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